Si bien para algunos no se trata más que del tema de moda, la violencia de género ha marcado la historia de México y el número de víctimas sigue creciendo, afectando principalmente a las niñas.
México ha tratado de cambiar sus leyes con el fin de endurecer los castigos para aquellos que abusen de las menores de edad, sin embargo, no ha sido suficiente. Entre 2007 y 2017 se reportaron 896 víctimas de violencia sexuales, de las cuales el 84% fueron mujeres.
De esas 748 que acudieron a centros de salud, 434 eran menores de 18 años. Lamentablemente a los hospitales sólo llegan los casos más graves, que además de haber sufrido de violencia sexual, también estuvieron expuestas a la violencia psicológica, principalmente intimidación y amenazas.
Fue en el 2014 cuando se presentó la primer alza en el número de casos de violencia sexual en el país con 112 mujeres afectadas, es decir, un impresionante aumento del 138% con respecto al año anterior. Para el 2016 ya eran 171 víctimas.
La violencia contra las mujeres menores de edad es una problemática que afecta a todo el país, pero la mayoría de los casos se concentran en algunos estados del país, siendo la Ciudad de México el lugar con mayor cantidad de abusos.
Sonora, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo también se encuentran en esta penosa lista.
El abuso sexual contra menores deja graves secuelas físicas y emocionales que afectan a las víctimas, a sus familias y a todo su entorno a corto y largo plazo. En estos casos, lo ideal sería contar con la guía de especialistas que ayudaran a los pequeños a continuar con sus vidas de la mejor manera posible, pero debido al estatus socioeconómico de las víctimas esto rara vez es posible.
A su corta edad no solo deben tratar con secuelas emocionales como la depresión, también deben hacer frente a otros riesgos como los embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Herpes, clamidia y verrugas genitales son los padecimientos que comúnmente llevan a los menores a la sala de urgencias y es entonces que se puede determinar si el paciente ha sufrido de violencia sexual, pues los médicos están obligados a informar a las autoridades competentes.
En teoría suena como un procedimiento sin tantas complicaciones que aseguraría el bienestar de las víctimas, pero el desinterés de las autoridades ha fomentado que el número de agresiones de esta índole siga creciendo. La falta de recursos de la mayoría de las víctimas es otra fuerza que juega en su contra, pues hasta la fecha no contamos con funcionarios que hagan del combate a la violencia de género una prioridad.
Fuentes:
La Cana Verde 